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Intereses económicos y políticos impiden aprobación de Soberanía Alimentaria en El Salvador
Por:  / 26 febrero, 2015
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¿En El Salvador existirá la esperanza de que el hambre sea erradicada alguna vez y el país defina sus propias políticas agrarias y alimentarias? Afortunadamente sí, con la aprobación de la ley de Soberanía Alimentaria. Aunque a veces parece una utopía porque paradójicamente hay personas que se oponen. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ganan o pierden si se aprueba esta ley?. Quizá esta nota que resultó de la plática que Revista Gato Encerrado sostuvo con Mercy Palacios, de UNES, nos ayude a encontrarle respuestas a esas interrogantes.


Por Ezequiel Barrera

El hambre, en el imaginario salvadoreño, se relaciona frecuentemente con África. Jamás se piensa en el hambre que acecha como bestia feroz a miles de familias salvadoreñas que sobreviven con $1 diario. Incluso cuando se hace un esfuerzo por vincular al hambre con El Salvador, se piensa que afecta a la gente que vive allá en el interior del país donde 2 de cada 5 niños y niñas sufren desnutrición severa. Sin embargo, el hambre es una realidad presente en todo El Salvador, y solo ausente en esas zonas exclusivas del país donde se concentra la riqueza.

El hambre es un verdugo que no da tregua y obliga, cada vez con más fuerza, a que las personas quebranten la ley y sean rebajadas a comer cualquier cosa. Como fue el caso de Segundo Siliézar, un salvadoreño de 60 años de edad, en 2010, que angustiado por la paupérrima situación económica y las súplicas de sus siete hijos por comer, decidió abrir un recipiente con “semilla mejorada” —granos donados por el gobierno para sembrar maíz que no son aptos para el consumo humano ya que contienen un plaguicida llamado Carbamato— y comer aunque sea eso.

Siliézar no ganaba más de $4 a la semana haciendo un trabajo por aquí y otro por allá, de lo que fuera posible hacer —como miles de salvadoreños—. Dinero que no alcanzaba para casi nada. Tan poco era el dinero que pasaban días enteros en que él, su esposa y sus siete hijos no probaban bocado alguno.

Entrada la tarde de un día de julio, los más pequeñitos no soportaron la melodía desentonada de sus estómagos exclamando por alimento y se colgaron de las piernas de Siliézar pidiendo comida. Él, sabiendo que todo el día anterior no habían masticado nada, se le ocurrió que lavar con abundante agua las “semillas mejoradas” funcionaría para sacarles el veneno. Pero no fue así.

Hicieron una sopa de arroz con tortillas de “semilla mejorada”. Ninguno sintió mal sabor ni se quejó. Al contrario, se sintieron aliviados que al fin habían almorzado algo. Pero la satisfacción no duró mucho, después de unas horas dos de los hijos de la familia Siliézar comenzaron a sentir mareos, dificultad para respirar, y vómitos transformados en espuma blanca. A los 15 minutos otros tres hijos comenzaron a sentir lo mismo. Finalmente José y María Alejandra de 10 y 12 años de edad, murieron intoxicados.

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¿En El Salvador existirá la esperanza de que el hambre sea erradicada alguna vez? ¿se podrán evitar más casos como el de la familia Siliézar? Afortunadamente sí, con la aprobación de la ley de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Aunque a veces parece una utopía porque paradójicamente hay personas que se oponen. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ganan o pierden si se aprueba esta ley? Nuestra plática con Mercy Palacios de UNES quizá ayude a resolver esto.

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Duro camino de la Soberanía Alimentaria en El Salvador

En 1996 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) convocó en Roma a una cumbre mundial de alimentación, evento paralelo al Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria en la que Vía Campesina —un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra— introdujo el concepto Soberanía Alimentaria que tiene que ver con la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias.

En El Salvador, desde la década de los 40, se había venido trabajando tímidamente en Seguridad Alimentaria y nutrición a raíz de Conferencias de la recién fundada FAO. Con el pasar del tiempo y los gobiernos, ese fue su único enfoque incluso después de haberse introducido el concepto de Soberanía Alimentaria.

En esa misma década de los 40, la “Revolución Verde” cambió la forma de producir alimentos a nivel mundial a base de agroquímicos y monocultivos. Esta “revolución” continuó en El Salvador en forma de semillas mejoradas marca Cristiani —del ex presidente salvadoreño en el período 1989-1994— y toda una red de dependencia para los agricultores en la que participó el Estado. Este modelo le pasó factura al país contaminando ríos por el uso de agroquímicos, degradación de suelos, enfermedades crónicas, advertencia de crisis alimentaria, entre otros. Fue por eso que en la gestión del presidente Funes se prohibieron algunos de esos agroquímicos.

“En el tiempo, al rededor de la alimentación en el país han circulado fantasmas. Pero nada a favor de la población, ni del sector agropecuario, ni de los productores nacionales, nada. Todo a favor de privilegiar intereses económicos de un pequeño grupo. Y en aquel momento de Cristiani Burkad, que era el dueño de casi el 90% del mercado insumos de semillas y luego que se la vende a Monsanto”, señala Mercy Palacios de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Fue hasta 2006 que organizaciones campesinas presentaron una primera propuesta de ley de soberanía alimentaria, que luego fueron modificando con los aportes de otras organizaciones. Luego vinieron 10 propuestas más, en las que incluso participaron el ejecutivo, la Universidad de El Salvador (UES) y Cambio Democrático. Fueron estas últimas las que se tomaron como parámetro para llevarlas a discusión en la comisión legislativa Agropecuaria. La FAO por su parte presiona para que se apruebe la ley de Seguridad Alimentaria.

“Hay que resaltar que la FAO con su propuesta solo se quedó con seguridad alimentaria. Y no hay que confundir soberanía con seguridad alimentaria, porque la seguridad tiene que ver con nada más que se garanticen los alimentos a la población sin importar cómo han sido elaborados”, explica Mercy.

El camino, sin embargo, para que se comenzara a discutir este anteproyecto de ley ha sido cuesta arriba. El anteproyecto fue admitido en 2013, solo después de 8 años de presión social, marchas y protestas afuera de la Asamblea. Admisión que, a pesar de ser ya un gran avance, todavía no daba garantías.

La comisión legislativa convocó a las organizaciones sociales e instituciones que habían estado detrás de la exigencia de esta ley a cuatro consultas públicas. Oportunidad que fue aprovechada por las organizaciones para solicitar que se les permitiera ser parte de la comisión y estar en las discusiones. Fue aceptada y representantes de la Mesa de Soberanía Alimentaria, en la que incluso participó la procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), estuvieron presentes y participando en todo el proceso de discusión.

“En ese proceso nosotros como parte de la Mesa de Soberanía planteamos 10 temas que nos resultaban importantes y que no podían quedar fuera, entre esos: Soberanía alimentaria y no seguridad, la ley tenía que ser con un enfoque climático, que tenía que haber un incentivo al sector agropecuario pero no asistencialismo, garantizar alimentos sanos a través de una producción agroecológica porque se piensa que no hay productividad posible sin los químicos que nos vende el mercado capitalista… entre otros”, precisa Palacios.

Luego de elaborar un documento final para la aprobación de la ley de soberanía, con el que se sentían satisfechos, se hizo una movilización a nivel nacional el 16 de octubre de 2013 para entregarlo al pleno. Es recibido, pero la campaña presidencial comenzó y la ley tuvo que esperar hasta que se eligió nuevo presidente en marzo 2014. Luego se recibieron observaciones que hasta la fecha no han sido superadas de la FAO, la embajadora Aponte de Estados Unidos, la Cámara Interamericana de Comercio —que según Mercy “¿qué tienen que opinar los de la Cámara si es una ley para El Salvador?”—, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y partidos políticos como ARENA, GANA y PCN.

Las observaciones iban encaminadas a que tenía que ser solamente seguridad alimentaria y no llegar a la soberanía. La embajadora de Estados Unidos se pronunció diciendo: “esto podría atentar contra los Tratados de Libre Comercio”.

“Lo que la embajadora dijo es exactamente insoberanía alimentaria, porque el país no puede decidir ni a quién le comprará la semilla para los programas sociales. Y esa es una de las observaciones que se hicieron. Pero yo no podría llamarle observaciones, solo el pueblo salvadoreño tiene derecho a observar sus leyes. Yo le llamaría a eso ridículo y monstruoso, por eso tampoco tiene nada que ver en esto la Cámara Interamericana”, manifiesta Mercy.

La ANEP en su observación resaltó que la regulación de publicidad atenta contra el libre mercado y la empresa. Esto porque de aprobarse la ley, el Estado tendría las herramientas para regular la publicidad de empresas que comercializan con productos alimenticios con alto contenido en azúcares, sodio y grasas, que afectan la salud y la nutrición.

Los partidos políticos, que dicho sea de paso todos estuvieron en el proceso de discusión, se oponen argumentando que por el artículo el artículo 40 esta ley se podría prestar a injusticias. Ese artículo habla sobre el “acceso a la tierra”, y contempla que el Conassan (Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional), que sería el ente rector de la ley, solicitará al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), “la entrega inmediata de tierras ociosas del Estado, con el fin de volverlas productivas, mediante una distribución equitativa y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.

Vicente Menjívar, de ARENA, afirmó que el Gobierno lo que trata es implementar medidas “populistas” con la repartición de tierras y diciendo que le dará de comer a la gente que necesita a través de una ley que también se apropia de atribuciones que ya le competen a otras carteras de Estado. Guillermo Gallegos, de GANA, explica que la distribución de tierras estatales puede ser dañina para el país: “No me parece como muy conveniente estar distribuyendo la tierra del Estado. Esto de comenzar a repartir la tierra puede ser que sea como una reforma agraria que trajo al país bastante fricción”. Reynaldo Cardoza del PCN, expuso que la repartición de tierras tiene “tinte político partidario”.

Ante estas reacciones, Mercy detalla que la Mesa por la Soberanía Alimentaria seguirá haciendo presión hasta que retomen la ley. Sino, afirma que “la Mesa no está en campaña, pero a quien se niegue a aprobar la ley será expuesto para que la gente los reconozca y no vote por ellos”.

[Fin de la nota]

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