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Los desplazamientos forzosos a causa de la violencia que impera en El Salvador han ido en aumento en los años 2014 y parte del 2016. A la fecha hay 427 víctimas en 124 desplazamientos, de las cuales jóvenes y menores de edad son los más afectados. Lugares como San Salvador y Usulután es donde se da más la emigración interna debido a que en el país no existen políticas orientadas a atender las víctimas de este flagelo.

Por redacción Gato Encerrado 

La vida de Juan (nombre ficticio) no fue la misma después de aquel 29 de junio. Su vida cambió totalmente a raíz del asesinato de uno de sus familiares. Aquellas calles de esa populosa colonia al norte de San Salvador asediada por pandilleros, se tiñeron de rojo. Desde ese día el temor se apoderó de aquel muchacho; sus pensamientos divagaban en seguir viviendo en aquel lugar que lo vio crecer, estudiar y trabajar por su comunidad, o huir de la inseguridad.

Juan ya no sentía seguridad cuando sus pies recorrían aquellos pasajes largos y sombríos; cada paso que daba podía sentir la sombra de la muerte acechándoles. A cinco días de aquel trágico homicidio, Juan y toda su familia se convirtieron en los incontables números de desplazados a causa de la violencia generadas por el fenómeno de las pandillas.

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El año 2014 y lo que va del 2016 han sido escenarios de 124 casos de desplazamiento forzado a causa de las pandillas, crimen organizado e instituciones de seguridad.  A nivel nacional se registraron 427 víctimas, donde el 41.69 % son mujeres y 37.24 % hombres; también se identificaron 20 niñas y 19 niños de cero a 12 años. Las personas jóvenes entre 15 a 29 años se contabilizaron 88, esto según un informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Homicidios de un familiar, amenazas, extorsiones o reclutamiento forzoso por parte de las pandillas representa el 85 % de los casos registrados por la PDDH. Del total de las víctimas, 367 no confían en la protección de las instituciones estatales, arrojó el informe.

Con 374 homicidios registrados en el mes julio, según el Instituto de Medicina Legal (IML), David Morales, titular de la PDDH, no ignora la problemática que cientos de salvadoreños viven diariamente. “En El Salvador existen desplazamientos forzados de familias o de personas, principalmente jóvenes, en razón de la violencia delictiva”, dijo Morales.

De enero a abril de 2016 el Observatorio de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia Generalizada en El Salvador, contabilizó 42 casos y 331 víctimas quienes han abandonados sus lugares de residencia. El 60 % de los afectados son adultos, el 14 % son menores de edad y el 8 % adolescentes.

Celia Medrano, miembro de la Mesa de la Sociedad Civil de Desplazamiento Forzado, considera que los desplazados no solamente se deben al actuar de las pandillas sino que hay otros factores que influyen a que las familias huyan de sus lugares de residencia. “Siguen siendo mayoritarios los desplazamientos forzados por factores de crimen organizados y pandillas pero si ha sufrido un incremento de casos de desplazamientos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) Y Fuerza Armada de El Salvador (FAES)”, aseguró Medrano.

El ahora exprocurador de la PDDH lamentó que dentro de las instituciones estatales no se le brinde la atención adecuada al tema de los desplazamientos forzados, a tal grado que “hay una deficiencia de registro de las instituciones del Estado” en cuanto a la contabilización numérica de los afectados por este fenómeno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) contabilizó desde el año 2015 y el primer trimestres del 2016 un total de 10,915 personas que migraron forzosamente por la inseguridad; este total 9,396 son adultos y 1,519 son niños, niñas y adolescentes.

La PNC ha atendido 371 denuncias de amenazas donde se forzó a las víctimas a abandonar sus residencias, esto en el periodo del 2010 hasta lo que va del año 2016.

Entre el 2010 y 2015 el Fondo Social para la Vivienda (FSV) dedujo que 614 familias abandonaron sus domicilios a causa de amenazas, extorsiones y homicidios hacia sus familias, por parte de las pandillas. El Fondo Nacional de Vivienda Popular a través de del Fondo Especial de Contribuciones (FEC), habría registrado 110 casos de usurpación de casas, en las cuales se desconoce el paradero propietarios originales.

El Ministerio de Educación (MINED) reportó para el año 2015 la cantidad de 15,511 estudiantes de los cuales 6,568 era mujeres y 8,948 hombres, que retiraron de los centros educativos del sistema regular a causa de la delincuencia.

“La mayoría de afectados son adolescentes, hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas que están encerrados en sus casas sin poder salir a estudiar ni recrearse, porque están evitando a que se concreten  amenazas que han sido víctimas ellos y sus familias”, aseguró Celia Medrano.

Otro tema preocupante para la PDDH y  la Mesa de la Sociedad Civil de Desplazamiento Forzado es el aumento de los casos de desplazamientos forzados por parte de la PNC Y FAES, según mencionó el procurador, David Morales, “existen casos en que grupos económicos utilizan a los cuerpos de seguridad para obligar a las familias a desalojar propiedades; también  el acoso por parte de las instituciones de seguridad hacia las familias, esto genera una migración interna”, expuso el funcionario.

El procurador instó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia a priorizar a las víctimas del desplazamiento forzado  ya que “las víctimas, no han tenido programas de atención suficientemente amplios y financiado y las víctimas han sido discriminadas”, y solicitó que se implemente a corto plazo el eje cuatro del Plan El Salvador Seguro.

“Al no existir un sistema y protección a víctimas por parte de Estado, las victimas prácticamente ha estado a su suerte, por eso es normal que se sumen al cauce de la migración irregular y se convierta en las victimas invisible”, concluyó Morales.

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Juan, abandonó aquellas estructuras de cuatro paredes que llamó por mucho tiempo su hogar; su casa quedó desierta sin nadie quien la cuidara. “Antes de irme lloré de impotencia, de ver cómo el trabajo de toda una vida se esfumaba frente a mis ojos”, dijo el muchacho.

Añadió Juan, “me separé de mi familia para buscar nuevas oportunidades, comenzar desde cero y así poder conseguir un nuevo hogar para reunir nuevamente con ellos. Queremos olvidar aquel trágico 29 de junio, fecha en que mi pesadilla comenzó, pesadilla que aún perdura dentro de mi vida”.